El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere aprobar próximamente una nueva ley que regule el teletrabajo para garantizar que aquellos trabajadores que voluntariamente acepten esta modalidad no sufren una merma de ingresos o de derechos laborales.
Seria un paso previo a la elaboración de un proyecto normativo consistente en la modificación y elaboración de las condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena a distancia.
Es preciso velar por el principio de «igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución, incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional o el ejercicio de derechos colectivos.
Por lo general, el empresario deberá facilitar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador utiliza su propio equipo.
La nueva norma regulará también los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento.
Aunque admite que el teletrabajo aporta «notables ventajas» como la mejor conciliación de la vida laboral personal y familiar, reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos o caída del absentismo, Trabajo afirma que también presenta posibles «inconvenientes», como «tecnoestrés», horario continuo, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral y traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna, entre otros. También apuesta por introducir los elementos precisos para asegurar que el trabajo a distancia y el empleo de los dispositivos digitales y otras formas de trabajo en red no supongan «una desprotección o merma de los derechos a la privacidad», sin perjuicio de las formas de control empresarial que puedan ejercerse de acuerdo con las exigencias de la ley.
La norma proyectada es necesaria para desarrollar y concretar las disposiciones legales que permitan garantizar un régimen jurídico seguro y suficiente sobre estas formas de prestación y organización del trabajo por cuenta ajena.
Por último, Trabajo asegura que el impacto real del teletrabajo se ha visto incrementado «de manera exponencial» por la pandemia del Covid-19, lo que ha puesto de manifiesto sus «ventajas y debilidades», así como la necesidad de que se aborde su regulación desde un marco jurídico «de seguridad, certeza y transparencia».
Miguel Morillon
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Morillon Avocats
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