La preocupación de la banca por los criterios de inversión socialmente responsable no es nueva. Las entidades financieras ya se habían adentrado en el terreno de la deuda sostenible, pero hasta el momento eran los proyectos medioambientales los que centraban el ámbito de actuación.
Es un momento en el que a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria que sufre el planeta se suma el auge de los fondos ESG. Todo ello crea el caldo de cultivo perfecto para las emisiones de bonos sociales.
BBVA ha sido el primer banco europeo en emitir un bono social destinado a combatir los efectos del Covid-19, pero no será el único. Los expertos creen que en los próximos meses el mercado asistirá a una avalancha de bonos sociales emitidos por las entidades financieras. De hecho, fuentes del mercado explican que los bancos ya los tenían en el punto de mira desde hace tiempo. Si no lo los habían lanzado ha sido por falta de proyectos. Antes de BBVA, las únicas entidades que habían emitido bonos de este tipo habían sido Kutxabank y Caja Rural de Navarra, para la financiación de vivienda social.
Fuentes de mercado explican que para que la emisión de bonos sociales adquiera velocidad de crucero (solo en 2020 el 50% de los bonos sostenibles en todo el mundo han sido sociales) es necesario que se den varias condiciones. La primera es que existan proyectos en los que invertir el dinero captado, algo que condiciona tanto el tamaño de la emisión como el vencimiento. En el caso del Covid-19, serán proyectos para luchar contra los efectos de la pandemia.
La segunda condición es el marco en el que operan estos emisores. Algunas entidades, ya disponen de esas instrucciones, pues han emitido bonos verdes. Con ese marco, la transición de los bonos verdes a los sociales es mucho más sencilla.
La tercera condición es que exista interés. Los inversores institucionales jugarán un papel muy importante en el desarrollo del mercado de bonos sociales; vemos que en España están cada vez más interesados y creciendo su participación.
Los bonos sociales, al igual que el resto de deuda sostenible, los pueden comprar los inversores clásicos o aquellos que solo invierten en deuda con criterios ESG. Es decir, existe una demanda adicional pero aún sigue sin ser suficiente para que esto se traduzca en una caída sustancial del precio.
Al encarecimiento de las condiciones del mercado se suman los costes derivados del mayor trabajo interno que debe asumir el emisor. Este tiene que hacer un despliegue para ver en qué va a invertir los recursos captados.
El estallido de la crisis económica del Covid-19 ha traído consigo un incremento de las rentabilidades en el mercado secundario de deuda, y en el primario se ha traducido en un aumento del coste de financiación, Todo ello aceleró la caída de la actividad, tendencia que ha empezado a invertirse con el anuncio del programa de compras antipandemia, recientemente reforzado hasta los 1,35 billones, del BCE.
Desde entonces, solo dos entidades españolas han apelado al mercado en búsqueda de financiación. Una de ellas ha sido BBVA con la ya mencionada emisión de los 1.000 millones en un bono social de deuda sénior no preferente, el 27 de mayo. Aproximadamente un mes antes, el 29 de abril, Santander reabrió el mercado de deuda bancaria con la venta de 1.500 millones en bonos no preferentes. El banco que preside Ana Botín también colocó 2.500 millones de dólares en deuda no preferente el pasado 21 de mayo.
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