EL Gobierno prevé que el Ingreso Mínimo Vital llegue a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas; 5.538 euros al año para los adultos que vivan solos. 3.000 millones al como coste para las arcas públicas.
Los riesgos entorno a las rentas mínimas
El primer peligro, el más claro y que todo el mundo destaca, es que el programa se convierta en una trampa de la pobreza: familias que se acostumbran a vivir del IMV y no buscan un empleo, bien por miedo a perder el ingreso o porque no les sale rentable. Es cierto que el diseño de la medida intentará evitar este peligro. Como se explicaba en la presentación del Ministerio, en los hogares que no trabajan, el cabeza de familia deberá inscribirse como demandante de empleo y, si encuentra uno, parte de su salario quedará exento del cálculo de la prestación; si el que pide la prestación tiene un empleo (con ingresos muy bajos que le facultan para ser beneficiario de la misma), por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su IMV se reducirá en una cantidad inferior.
La duda surge en qué incentivos tiene alguien que gane 800-900 euros al mes para seguir trabajando si el IMV le garantiza 1.000 euros al mes (por ejemplo, si forma parte de un hogar de los que tienen derecho a 12.184 euros al año). O qué incentivos tiene a aceptar un empleo si éste le va a suponer 100-150-200 euros al mes más. Es cierto que estas cantidades pueden ser muy importantes para los hogares de rentas bajas, pero no lo es menos que un trabajo implica gastos y otro tipo de problemas (desde el cuidado de los niños mientras el padre-madre está trabajando) que quizás no merece la pena afrontar por un pequeño incremento de la renta.
Y, por supuesto, está el tema siempre polémico de la economía sumergida. En ocasiones se ha exagerado este problema, pero no cabe duda de que en determinados sectores (servicio doméstico, agrícola, parte del servicios…) y en algunas regiones, es bastante frecuente. Por supuesto, en su mayor parte esa economía en B no tiene que ver con ricos que guardan sus fortunas en paraísos fiscales: el grueso de esta actividad oculta se centra en ocupaciones de bajo valor y cualificación, y en las regiones más pobres. Un ejemplo típico sería el de una empleada doméstica que, si cobra en negro, tiene derecho a percibir el IMV mientras mantiene su empleo, doblando así sus ingresos: ¿qué hará? ¿cómo se perseguirá esto? Ahí es donde el IMV supone un (mal) incentivo y uno de los puntos en los que las medidas para contrarrestarlo tendrán que ser más eficaces.
Por ahora, lo que sabemos es que no habrá obligación de aceptar las ofertas de trabajo que reciban los perceptores. Los hogares que no trabajen se deberán inscribir como demandantes de empleo y seguirán ‘itinerarios de búsqueda’, pero su participación en entrevistas de trabajo o el envío de currículums no será imprescindible para recibir el subsidio.
Camino del Ingreso Mínimo Vital Bruselas a las CCAA
Por último, dos cuestiones más que también tiene su relevancia. La primera es cómo encajará esta ayuda con los ingresos de inserción que ya están presentes en algunas comunidades autónomas. Durante las semanas previas a su aprobación, parecía que el IMV serviría de complemento a estas ayudas: es decir, si un hogar recibía 500€ de su región, lo que haría el IMV es poner el resto hasta el mínimo fijado por el Estado. Finalmente, parece que no será así. Sí se tendrán en cuenta otras rentar que perciban los hogares, pero no las que cobren de las autonomías como rentas mínimas. Esto tiene dos derivadas: por una parte, puede empujar a las regiones a reducir sus programas actuales y confiar en el Estado para la asistencia a los hogares de menos ingresos. O, al contrario, si las regiones mantienen sus programas y el IMV no los complementa, sino que se suma a los mismos, lo que podemos tener es una situación en la que los ingresos de aquellos que reciban estas rentas podrían ser relativamente superiores a los previstos en el IMV (lo que tendría todavía más efecto en lo apuntado antes para el mercado de trabajo).
Pero si la negociación con las regiones se prevé interesante, no lo será menos la que tenga lugar en Bruselas. Aquí el Gobierno tiene un argumento de peso a su favor: desde hace años, en casi todos los informes sobre la economía española y sobre su política social se hace hincapié en la importancia de mejorar los programas de ayudas para que lleguen a los que realmente lo necesitan. En la Comisión tienen claro que ahí el Estado del Bienestar español tenía un problema que debía solucionar.
En cualquier caso, incluso así, el IMV sigue siendo una nueva partida del Presupuesto que ascenderá al menos a 3.000 millones. Ése es el cálculo del Ministerio y, en estas semanas, se antoja optimista. Y al final España sigue teniendo un enorme problema de déficit y habrá que explicar de dónde saldrá ese dinero, qué otras partidas se recortarán o qué ingresos subirán.
Además, en este punto de las negociaciones con Bruselas será muy importante la cuestión del mercado laboral. Ingresos mínimos hay en muchos sitios, pero, como hemos apuntado, una de las claves más importantes para su funcionamiento reside en su relación con el mercado laboral: si éste es dinámico y ofrece oportunidades a los trabajadores peor formados, la renta mínima puede suponer una ayuda para pasar por un momento de dificultad e, incluso, reincorporarse a la vida activa con más garantías. Pero si el mercado laboral no funciona o no ofrece oportunidades a los trabajadores menos cualificados, esa misma renta mínima puede convertirse en la excusa para no salir de esa situación: se transforma en esa trampa de la pobreza de la que hablábamos antes. Las pretensiones del Gobierno respecto de la reforma laboral o la subida del salario mínimo no ayudan especialmente en este punto: en realidad, lo más probable es que compliquen ese acceso al mercado laboral. En Bruselas, ninguna de las dos cosas gusta especialmente, algo que también tendrá su importancia en los próximos meses.
¿Cómo funcionará el IMV ( Ingreso Mínimo Vital ) ? ¿Servirá, como asegura Escrivá, para erradicar la pobreza extrema? ¿Se convertirá en una trampa para sus perceptores? ¿Ayudará a incorporarse al mercado laboral o servirá como freno? ¿Incentivará la economía sumergida? El ministro ha asegurado que podrá los datos a disposición de los investigadores para que analicen el impacto de la medida: una propuesta de transparencia que es, en sí misma, importante y no muy habitual en España. Eso sí, como siempre que se ponen en marcha estos programas, no deberíamos ignorar algo que es fundamental, pero que en demasiadas ocasiones olvidamos: el éxito de estas ayudas debería medirse por la cantidad de personas que dejan de necesitarlas. Que crezca el número de potenciales beneficiarios no es un logro, es un fracaso.
Miguel Morillon
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Morillon Avocats
